Hoy tengo miedo
Y no lo digo precisamente por el juez Garzón y sus “hazañas mediáticas”. Léase entre líneas, entrecomíllese esta frase, y tengan a bien no malinterpretarme.
La nueva reedición de “La Causa General” en versión republicana, no deja de ser una nueva aportación a la carrera mediática y, sobre todo y no se engañen, política de Don Baltasar, juez profesional, conferenciante, desfacedor de entuertos locales, foráneos y otrora “diputado independiente por el partido socialista”. La situación que el juez, aquel que como algunos medios bien apuntan sigue sin dar solución al “chivatazo a ETA”, aquel que no tuvo tiempo entre tournée y tournée para traducir las grabaciones árabes obtenidas en los seguimientos previos a los imputados por el 11-M, no deja de ser una nueva, casi obsesiva y grotesca presentación de credenciales al Ministerio de Justicia.
La sabiduría popular nos indica que cuando alguien señala con el dedo, el tonto mira el dedo y no el objeto apuntado. Algunos muchos, obrarán de esta manera al tratar el asunto, pero la cuestión de fondo no es debatir si esta medida va en contra de derecho, si dispone de la competencia precisada, si es imparcial pues recordemos que los “desaparecidos” de un bando son obviados, si es fruto del rencor de una asociación sectaria que en nombre de la memoria “histórico-selectiva” presenta denuncia para más recochineo un 18 de julio, si reabre o no viejas heridas o si ésta es oportuna o necesaria. No. Continuando con el símil, de un tonto no esperamos otra cosa que tonterías. El problema no es que el tonto las ejecuté o fantasee con ellas, si no que se le consientan y, especialmente, que estás se vuelvan peligrosas.
Lo realmente tenebroso del asunto es que desde los órganos competentes –tanto judiciales como gubernativos- no se desautorice con la fuerza y el ímpetu necesario esta acción a todas luces incendiaria y amenazadora para con buena parte de la sociedad. Hoy tengo más miedo que ayer y no se debe precisamente al desconocimiento de esta continúa estrategia de desgaste y amenaza desplegada con el beneplácito de los representantes de los amenazados, si no por la excesiva pasividad –reconocida- de nuestros gobernantes.
Sin tener que retrotraerme a los tiempos de aquella II República golpista e ilegal que sustituyó el modo de gobierno establecido sin pagar el peaje de las urnas, vienen a mi cabeza los episodios del G.A.L. en el que bajo un gobierno de signo socialista se decidió eliminar a una serie de individuos obviando la legalidad establecida con los consabidos efectos colaterales que llenaron más de un bolsillo. El paralelismo comienza a asustar y mucho: ¿qué distancia hay entre la amenaza, el maltrato psicológico a través de falsos argumentos de superioridad moral e histórica y la simple decisión de eliminar a un porcentaje de la población molesta con el actual régimen?
La nueva reedición de “La Causa General” en versión republicana, no deja de ser una nueva aportación a la carrera mediática y, sobre todo y no se engañen, política de Don Baltasar, juez profesional, conferenciante, desfacedor de entuertos locales, foráneos y otrora “diputado independiente por el partido socialista”. La situación que el juez, aquel que como algunos medios bien apuntan sigue sin dar solución al “chivatazo a ETA”, aquel que no tuvo tiempo entre tournée y tournée para traducir las grabaciones árabes obtenidas en los seguimientos previos a los imputados por el 11-M, no deja de ser una nueva, casi obsesiva y grotesca presentación de credenciales al Ministerio de Justicia.
La sabiduría popular nos indica que cuando alguien señala con el dedo, el tonto mira el dedo y no el objeto apuntado. Algunos muchos, obrarán de esta manera al tratar el asunto, pero la cuestión de fondo no es debatir si esta medida va en contra de derecho, si dispone de la competencia precisada, si es imparcial pues recordemos que los “desaparecidos” de un bando son obviados, si es fruto del rencor de una asociación sectaria que en nombre de la memoria “histórico-selectiva” presenta denuncia para más recochineo un 18 de julio, si reabre o no viejas heridas o si ésta es oportuna o necesaria. No. Continuando con el símil, de un tonto no esperamos otra cosa que tonterías. El problema no es que el tonto las ejecuté o fantasee con ellas, si no que se le consientan y, especialmente, que estás se vuelvan peligrosas.
Lo realmente tenebroso del asunto es que desde los órganos competentes –tanto judiciales como gubernativos- no se desautorice con la fuerza y el ímpetu necesario esta acción a todas luces incendiaria y amenazadora para con buena parte de la sociedad. Hoy tengo más miedo que ayer y no se debe precisamente al desconocimiento de esta continúa estrategia de desgaste y amenaza desplegada con el beneplácito de los representantes de los amenazados, si no por la excesiva pasividad –reconocida- de nuestros gobernantes.
Sin tener que retrotraerme a los tiempos de aquella II República golpista e ilegal que sustituyó el modo de gobierno establecido sin pagar el peaje de las urnas, vienen a mi cabeza los episodios del G.A.L. en el que bajo un gobierno de signo socialista se decidió eliminar a una serie de individuos obviando la legalidad establecida con los consabidos efectos colaterales que llenaron más de un bolsillo. El paralelismo comienza a asustar y mucho: ¿qué distancia hay entre la amenaza, el maltrato psicológico a través de falsos argumentos de superioridad moral e histórica y la simple decisión de eliminar a un porcentaje de la población molesta con el actual régimen?


